Por los derechos de las mujeres en Honduras

La población Lenca sufre una constante vulneración del Derecho Humano a la Salud. No tienen acceso garantizado a servicios sanitarios por la inexistencia de establecimientos de primer nivel cercanos a la población. Además, por cuestiones culturales, rechazan prácticas de medicina occidental y moderna y no existe adecuación cultural a sus valores. Cuando consiguen acceder a los centros, éstos  no tienen medicamentos, servicios básicos y a veces incluso, no disponen de personal sanitario suficiente.

Las mujeres de las comunidades de Intibucá, Lempira, La Paz y Francisco Morazán presentan alta prevalencia de infecciones de transmisión sexual, de inflamaciones pélvicas, parasitismo y gastroenteritis; cefaleas, anemia, e hipertensión; asma y otras enfermedades. Están muy desgastadas por embarazos frecuentes y la doble jornada de trabajo diario que deben realizar. El principal problema de salud con los hombres en las 10 comunidades meta es el alcoholismo.

La desnutrición en menores de 5 años es alta, alcanzando 65.5% en 8 comunidades.

Las mujeres de la zona de intervención viven en condiciones de pobreza extrema; se dedican al cultivo de la papa,  el frijol, café, huertos familiares que es su principal alimento; para llegar a la comunidad más cercana se requieren una media de más de dos horas en vehículo motorizado y las personas todavía caminan una hora más para llegar a sus viviendas.

Con la cofinanciación de la diputación de Vizcaya y su aporte de más de 10.000 €, desarrollamos la tercera fase de este proyecto, absolutamente necesario para tratar de mejorar la situación de miles de mujeres sometidas a violencia y a una desigualdad extremas.

Después de dos proyectos implementados en la zona, con este tercero y el apoyo de la Diputación de Vizcaya, se quiere asegurar la sostenibilidad política, financiera, institucional y socio cultural de los mecanismos de vigilancia de acceso a la Salud Sexual y Reproductiva a nivel local y nacional en los departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz y Francisco Morazán.

Vamos a trabajar con asociaciones de mujeres e instituciones para conseguir:

• Que el incremento del gasto para mujeres pase de un 2% como esta en la ley, a un 6%.
• Que las redes locales de mujeres se coordinan con las redes de auditoría social para continuar realizando auditorías sociales para el cierre del proyecto.
• Que se tome al menos una acción efectiva en contra de la violencia hacia las mujeres en cada uno de los 8 municipios de intervención del proyecto, basándose en las recomendaciones de las auditorias sociales realizadas para el cierre del proyecto.

• Organizaciones de mujeres que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y campesinas en sus comunidades. La mayoría de las lideresas con las que se trabaja viven en áreas rurales y muchas se enfrentan a la triple discriminación por ser mujeres, indígenas y pobres. Por lo tanto son afectadas de forma específica por su condición de género, de etnia y de clase, ya que se considera que con sus actuaciones rompen las normas socioculturales, tradiciones, percepciones y estereotipos aceptados acerca de la femineidad y la condición de las mujeres en la sociedad, algo que se agrava en el caso de las mujeres indígenas y campesinas.
• Oficinas Municipales de la Mujer y autoridades locales de los 8 municipios de intervención, con 41 diputada/os del Congreso Nacional (31 mujeres, 10 hombres) y otras autoridades nacionales (5 funcionarias poder ejecutivo y 5 funcionarias Ministerio Publico).
• Población de los 8 municipios para que conozcan sus derechos.

Durante la primera y segunda fase del proyecto se han conseguido importantes logros:

• Creación de la unidad de investigación de muertes violentas de mujeres y femicidios.
• Avances en legislación favorable a mujeres.
• Fortalecimiento de redes locales y nacionales de mujeres.