El consorcio internacional ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes - Acabemos con la prostitución infantil, la pornografía infantil, y el tráfico de menores con propósitos sexuales), define la explotación sexual infantil como "la violación de los derechos fundamentales de los niños y las niñas. Comprende el abuso sexual por parte de un adulto y su remuneración económica o en especie, tanto para el propio niño o niña, como para terceras personas. El menor es tratado como un objeto sexual y comercial. La explotación sexual comercial de la infancia constituye una forma de coerción y de violencia contra ésta y representa, junto con el trabajo infantil, una de las peores formas contemporáneas de esclavitud".

Hoy en día, a pesar de la escasez de información y estadísticas existentes, se denuncia la explotación sexual de más de dos millones de menores en el sudeste asiático y América Latina, principalmente de sexo femenino.

Una vez introducido en el mercado del sexo, el menor tiene cada vez mayores problemas para encontrar fuentes de ingreso alternativas, ya que la falta de una formación adecuada, las posibles enfermedades contraídas o el estigma social que implica haber trabajado en el comercio sexual suponen grandes obstáculos para reinsertarse en la sociedad con un trabajo digno.

Esta lacra se ve favorecida no sólo por los clientes procedentes de los conocidos como “paraísos del sexo” sino también por el denominado turismo sexual. En el año 1980, diferentes organizaciones no gubernamentales internacionales comenzaron a utilizar este término para denunciar el tipo de turismo que se estaba desarrollando, principalmente en el sudeste asiático y América Latina, y que promocionaba valores como el hedonismo y el ejercicio de actividades relacionadas con el sexo. Desde entonces, el turismo sexual ha crecido tan rápidamente que ha llegado a convertirse en un negocio lucrativo en el que están involucradas miles de personas.

Anualmente, supone una fuerte contribución al empleo y una importante entrada de ingresos en los países donde se desarrolla. Incluso las diferentes autoridades gubernamentales reciben beneficios económicos: unas veces legales, derivados de tasas de licencia e impuestos con los que se gravan hoteles, bares, restaurantes y casas de juego; y otras veces, ilegales, procedentes de sobornos. Pero este beneficio sólo es efectivo a corto plazo, ya que si se permite que parte de la población infantil sufra toda clase de abusos y explotación, ésta verá hipotecado su futuro por falta de formación, oportunidades... lo que a largo plazo repercutirá en el bienestar y la economía del país.

Por otro lado, la fuerte crisis económica y el inminente aumento del desempleo que se vive en los países afectados están fomentando los factores socio-económicos que impulsan la industria del sexo: pobreza, falta de formación, desestructuración familiar...

En definitiva, estamos ante un problema provocado por el propio ser humano, que afecta a menores, personas que no pueden elegir, indefensas ante las estructuras montadas y los intereses implicados en el sector del sexo.

La explotación sexual perjudica seriamente su normal desarrollo y conculca su derecho a disfrutar de una vida digna, feliz, provechosa y socialmente útil. Puede provocar trágicas consecuencias que interfieren en el correcto desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral y social de las víctimas. Sus secuelas pueden permanecer presentes durante largo tiempo y necesitarán de ayuda especializada para superarlas con éxito. Gran parte de ellos difícilmente encontrará un trabajo digno o volverá con su familia. Su vuelta a una vida digna y la recuperación de su autoestima resultará muy difícil.