Uno de los derechos menos reconocidos a las personas por su condición étnica es el derecho a una atención sanitaria digna. El milenario pueblo lenca de Honduras sabe mucho de esto. Las propias autoridades nacionales reconocen que las poblaciones indígenas están en condición de vulnerabilidad con respecto a su perfil de salud y su acceso a los servicios sanitarios.
La atención sanitaria de un pueblo milenario
Su Derecho a la salud está siendo violentado. En las comunidades de Intibucá, uno de los departamentos más pobres de Honduras, la prestación de servicios públicos de salud, cuando existen, adolecen de falta de medicamentos y de personal, así como de equipamientos. Hablamos de uno de los lugares más empobrecidos de todo Latinoamérica.
Las mujeres lencas carecían hasta hace poco de cualquier control en el pre y post parto y sufrían diversas enfermedades de transmisión sexual, infecciones, etc. Pero lo más grave de todo era algo muy básico: desconocían en muchos casos su propio Derecho a la Salud. El escenario ha cambiado: gracias a los socios/as de Anesvad desde hace más de medio año empezaron a organizarse para mejorar la accesibilidad en salud y para poder hacer incidencia a las autoridades: la población más marginada de centroamérica también tiene Derecho a una salud digna. Y los saben.
Anesvad por el Derecho a la Salud
Anesvad junto a la Asociación de Mujeres Indígenas Intibucanas Renovadas (AMIR) y CIPE, ejecutan ya un proyecto a dos años para mejorar los servicios de salud a los más pobres y para reducir la mortalidad materna e infantil en estas comunidades. El trabajo nuestro empieza en la raíz, en las comunidades, donde organizamos comités en los que participan todas las personas, ellas se convierten en protagonistas de su propio desarrollo.
Estos comités identifican sus propias necesidades: en unos casos formar y capacitar al escaso personal médico para que les atienda mejor, en otros casos construir una clínica materna y equiparla; y en otros, disponer de salas de partos. Siempre sin descuidar una labor de incidencia pública, es decir, sentarse a negociar con las autoridades del país para reclamar sus derechos negados o ignorados.
Todo un abanico de complicidades que favorecen a los más pobres. En algunas comunidades las personas han adecentado junto a Anesvad y AMIR un edificio ruinoso para convertirlo en clínica materna, donde se cubre la salud materno-infantil y primeros auxilios. Siempre desde el respeto a su idiosincrasia indígena. La participación de las comunidades ha sido vital, y aquí Anesvad ha equipado el centro. ¿Qué equipamiento suministra Anesvad a estos centros maternos? Balanza de pie con talimetro, bacinetes con base, sillas de espera, carro de curaciones, camilla de traslado con barandales, camas ginecológicas y básculas digitales, entre otros.
Ellos y ellas nos ayudan en el continente -restauración del edificio- y nosotras nos encargamos del contenido. La formación al personal médico en salud materna para monitorear a todas las embarazadas corre de nuestra parte. Igualmente les organizamos para defender el Derecho a la Salud, ¿cómo? Poco a poco conocen algo que hasta ahora les quedaba muy lejos: la incidencia pública.
