Millones de personas en el mundo no pueden pagar los gastos sanitarios para curarse. Esto hace que no puedan salir de ciclo de la pobreza.
El Derecho a la Salud es algo que damos por hecho en los países más enriquecidos. Es difícil imaginar que podamos caer en la pobreza por no poder pagarnos un tratamiento o una operación. Tampoco pensamos si el hospital donde nos atienden dispone de los materiales médicos y el personal cualificado suficiente. Nuestros sistemas sanitarios, con sus debilidades y sus fallas, garantizan que podamos tener, la mayoría de las veces, un acceso oportuno, aceptable y asequible. Sin embargo, esta realidad dista de ser algo común en el resto del mundo. Se estima que unos 100 millones de personas de todo el mundo son empujadas cada año a vivir por debajo del umbral de pobreza como consecuencia de los gastos sanitarios que no pueden pagar. Esto se acrecienta entre grupos en situación de más vulnerabilidad y empobrecimiento.
Acceso a la salud, un compromiso de las políticas públicas
El nivel de desarrollo de cada país y la priorización de las políticas públicas marcan sin duda el acceso a servicios de salud de calidad, accesibles y asequibles. Según datos del Banco Mundial, si comparamos la situación de España con los países donde trabajamos desde Fundación Anesvad, vemos que el gasto medio en salud per cápita en España es de más de 4000€ al año; en Costa de Marfil, Ghana, Togo o Benín este gasto no supera los 200€.
El sistema de salud español tiene 40 veces más médicos que estos países. Sucede lo mismo con las enfermeras: por cada 1000 habitantes, España dispone de 6,1 enfermeras y parteras; los países de África Occidental donde trabajamos apenas llegan a 1. Esta falta de personal y de gasto medio en salud tiene una repercusión directa en el bienestar y la esperanza de vida de la población africana. También es una cuestión económica y de desigualdad: aquellas personas que tienen dinero pueden acceder a servicios privados. Las personas más empobrecidas en cambio, no pueden siquiera costearse los tratamientos más básicos.
Y es que el gasto público en salud frente al gasto que las familias realizan en la sanidad privada es mayor cuanta más pobreza hay en el país. Otro dato: el gasto en la sanidad pública en España respecto al gasto sanitario total (que incluye la privada) es del 70%. Esto quiere decir que la mayoría del gasto en sanidad viene de políticas públicas, y supone además un 8% del gasto total del gobierno español respecto al PIB.
En Togo la realidad es diametralmente opuesta. Solo se gasta un 15% en sanidad pública respecto al gasto sanitario total; y el gasto en salud respecto al PIB es de sólo un 1,09%. En los países vecinos la situación es igual de desalentadora. En Costa de Marfil y Benín menos de un tercio del gasto sanitario se hace en la red pública. Estos países, al igual que Togo, dedican casi 8 veces menos que España en recursos públicos para la sanidad.
Un sistema sanitario frágil y sin recursos suficientes
En definitiva, quien tiene dinero puede costearse un tratamiento o intervención; quien no lo tiene, estará expuesto a la enfermedad y mermará su calidad de vida. No invertir en salud además reduce la calidad y la universalidad de los servicios públicos. La sanidad no debería ser un lujo al alcance de pocos, ni debería depender del lugar en el que hayamos nacido.
Desde Fundación Anesvad trabajamos para que esta desigualdad se revierta. Porque nazcas donde nazcas, la salud no debería estar en juego.
